Sánchez aprovecha el estado de alarma para controlar la caja de Muface: la joya de los funcionarios

El mazazo de Pedro Sánchez en pleno estado de alarma a casi un millón de funcionarios irá a más. La decisión de integrar la gestión del régimen de clases pasivas de los empleados públicos en la Administración de la Seguridad Social, impuesto por Real Decreto del Gobierno socialcomunista, esconde un fin: el control de la gestión de la caja de la principal mutua de funcionarios de España: Muface.

El objetivo final del Gobierno es controlar esa caja de forma que los funcionarios no se beneficien de las prestaciones pactadas con ellos durante años, sino que se amolden de golpe a las circunstancias generales perdiendo sus derechos adquiridos.

El BOE del pasado 22 de abril propició el primer susto a esos 900.000 empleados públicos. Se trata de los funcionarios comprendidos en lo que se denominan clases pasivas. El Gobierno traspasó por Real Decreto la gestión de sus prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin previo aviso, ni negociar con sus representantes sindicales absolutamente nada, tal y como adelantó OKDIARIO. Desde el principal sindicato de la función pública –CSIF– no dudaron en alertar ya en aquel momento de que el movimiento podía ser un paso previo a un intento posterior de recortar sus condiciones en materia de jubilación.

Es más, desde CSIF denunciaron que el régimen diferenciado de las clases pasivas, simplemente con ese cambio legal, pasaba a quedar integrado en el resto y eso implicaba, como poco, que en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios han perdido ya su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: han perdido su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceder a la jubilación.

Pues bien, fuentes conocedoras del diseño de la reforma han reconocido a OKDIARIO que efectivamente, el cambio busca igualar las condiciones de los funcionarios en materia de jubilación y asistencia. Y que pretende afectar a las tres entidades gestoras de estas prestaciones: la Mutua de Funcionarios de la Administración Central del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

Clases pasivas

Un mecanismo por medio de mutuas que ha permitido a los funcionarios negociar condiciones propias y contar con derechos adquiridos que, ahora, Sánchez observa como una caja a controlar y unas prestaciones a recortar y armonizar.

La modificación lanzada por el Gobierno afecta, en concreto, al «régimen de clases pasivas». Y la transformación de su organismo responsable aparece reflejada en el Real Decreto Ley 15/2020.

Allí se recoge «la asunción de la gestión del Régimen de Clases Pasivas del Estado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la asunción de las funciones que a tal efecto se le atribuyen a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social».

El cambio abre la puerta, además, a posteriores sorpresas, por ello, destaca que «resulta necesario que a esta Dirección General le preste asistencia jurídica el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. A tal efecto, la asistencia jurídica que deba prestarse a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, comprenderá tanto el asesoramiento como la representación y defensa en juicio en materia de clases pasivas y otras prestaciones, así como la asistencia jurídica en aquellos asuntos que afecten a los intereses de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en los términos que determine la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones».

La disposición adicional sexta incluye la «adaptación normativa de la legislación del Régimen de Clases Pasivas». Y allí y en otros artículos se reconoce que el cambio puede acabar afectando, no sólo a la estructura del ministerio, sino a la forma de negociar las pensiones extraordinarias en el Régimen de Clases Pasivas del Estado (actos de terrorismo); las pensiones de clases pasivas y de determinadas indemnizaciones sociales (pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad); o a las pensiones de viudedad (en caso de intento de mejora de la pensión).